Estar implicado en una investigaci\u00f3n de un delito grave, especialmente cuando \u00e9ste es medi\u00e1tico, es causa suficiente para que muchas personas sufran durante meses, e incluso a\u00f1os, las consecuencias de ser considerado culpable tan solo por estar incluido en la lista de personas presuntamente involucradas, o que simplemente tienen una implicaci\u00f3n tangencial. Desde el momento en que un nombre aparece en una investigaci\u00f3n judicial, especialmente si \u00e9ste es conocido, se convierte en objeto de especulaciones y se expone a la \u201cpena de telediario\u201d, que ahora se complementa con la \u201cpena de las redes sociales\u201d, mucho m\u00e1s mordaz y cuyos efectos llegan m\u00e1s lejos.<\/p>
Uno de los m\u00e1s recientes ha sido el \u201ccaso Navantia\u201d, que volvi\u00f3 a saltar a los medios hace unas semanas por ser archivado definitivamente 10 a\u00f1os despu\u00e9s de iniciarse. Pero durante esos 10 a\u00f1os las personas que estuvieron investigadas han cargado con una presunci\u00f3n de culpabilidad que ahora es muy dif\u00edcil de restituir de cara a la opini\u00f3n p\u00fablica. \u00bfHay alguna manera de compensar este da\u00f1o a la reputaci\u00f3n y al honor personal?<\/p>
Lo cierto es que no es nada f\u00e1cil. Mario Bonacho<\/strong>, responsable del \u00e1rea de Defensa de Reputaci\u00f3n Corporativa y del \u00e1rea Delitos contra la Intimidad en AVERUM Abogados, se\u00f1ala que \u201ca d\u00eda de hoy no existe un mecanismo legal que conlleve la solicitud de una condena por intromisi\u00f3n en el honor contra la administraci\u00f3n por haber involucrado a una persona de forma injusta en un proceso penal\u201d, ni tampoco \u201cla simple alusi\u00f3n al proceso penal en el que la persona se encuentra inmersa, ya sea a trav\u00e9s de un medio de comunicaci\u00f3n o una red social\u201d, ya que los procesos penales han venido comprendi\u00e9ndose por la jurisprudencia como de \u201cinter\u00e9s general\u201d para la sociedad.<\/p> Ana Bravo de Laguna<\/strong>, asociada senior de Garrigues, especialista en derecho al honor, intimidad y a la propia imagen, incide en \u00e9ste aspecto, ya que adem\u00e1s \u201cseg\u00fan la jurisprudencia, las personas implicadas en procesos penales tienen relevancia p\u00fablica sobrevenida\u201d,\u00a0 con independencia de que \u201cla informaci\u00f3n pueda ser desmentida con el transcurso del tiempo o no resultar confirmada\u201d.<\/p> Aunque la persona que tiene que soportar de forma permanente el clima de angustia y acoso de la ciudadan\u00eda y los medios al estar sometido a un proceso penal de forma injustificada, sufre un desgaste notorio en su esfera reputacional, \u201cel marco normativo en la actualidad no legitima al afectado a que reclame los da\u00f1os reputacionales que el investigado considere que la err\u00f3nea imputaci\u00f3n le gener\u00f3\u201d. Cosa distinta \u201cser\u00e1 que el damnificado se entienda legitimado para demandar a la administraci\u00f3n por da\u00f1os patrimoniales entre los que entienda los relacionados con su reputaci\u00f3n\u201d, a\u00f1ade Bonacho.<\/p> Adem\u00e1s de \u00e9ste extremo, tambi\u00e9n \u201cpuede producirse una lesi\u00f3n del derecho al honor cuando un medio de comunicaci\u00f3n o un tercero efect\u00faan comentarios no respetando la presunci\u00f3n de inocencia del investigado\u201d. En este caso, la persona afectada \u201cpodr\u00eda solicitar al juzgado competente (generalmente, en un escenario civil) al amparo de la L.O. 1\/1982, se declare la existencia de intromisi\u00f3n en su derecho al honor, con las consecuencias legales inherentes a tal petici\u00f3n (retirada de la informaci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n, publicaci\u00f3n de la sentencia\u2026)\u201d, explica Bonacho.<\/p> Ana Bravo tambi\u00e9n recuerda que si \u201cuna vez se confirme el archivo de la causa o la absoluci\u00f3n del imputado, el medio, conociendo que la informaci\u00f3n ya no est\u00e1 actualizada, persiste en su difusi\u00f3n podr\u00eda entenderse que ya no entra en juego el requisito de veracidad\u201d. Y de hecho, \u201ca\u00fan en los casos en los que ha habido una condena, los Tribunales ya reconocen el derecho al olvido digital siempre que la informaci\u00f3n menoscabe el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen del interesado, carezca de inter\u00e9s p\u00fablico y pueda considerarse obsoleta\u201d.<\/p> ALTO GRADO DE SUBJETIVIDAD<\/strong><\/p> Una vez se haya acreditado la intromisi\u00f3n al honor, la legislaci\u00f3n establece que se presumir\u00e1 la existencia de un da\u00f1o, que podr\u00e1 ser reclamado, incluyendo una indemnizaci\u00f3n que se calcula \u201cen base a los criterios establecidos en el art\u00edculo 9.3 de la LO 1\/82.\u00a0 En concreto, se tendr\u00e1n en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la lesi\u00f3n efectivamente producida, para lo que se valorar\u00e1, en su caso, la difusi\u00f3n o audiencia del medio a trav\u00e9s del que se haya realizado\u201d, explica Bravo.<\/p> Sin embargo, en estos casos \u201cla subjetividad y discrecionalidad del juzgador es amplia en la medida en que, con car\u00e1cter general, tales asuntos judiciales se resuelven mediante t\u00e9cnicas de ponderaci\u00f3n de los derechos fundamentales que entran en liza\u201d, como son el de libertad de informaci\u00f3n o expresi\u00f3n y el derecho al honor que se considera da\u00f1ado, se\u00f1ala Mario Bonacho. Bravo recuerda adem\u00e1s que \u201cen caso de que exista un conflicto entre los derechos al honor y a la informaci\u00f3n, siempre que se cumplan los requisitos de veracidad, inter\u00e9s p\u00fablico y ausencia de comentarios vejatorios, los juzgados, en aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, entienden que prevalece el derecho a la informaci\u00f3n\u201d<\/p> LAS REDES SOCIALES, AMPLIFICADORAS DEL DA\u00d1O<\/strong><\/p> Actualmente, la \u201cpena de telediario\u201d que supone aparecer en los medios tradicionales por la implicaci\u00f3n en una investigaci\u00f3n judicial se ve acrecentada por un elemento relativamente nuevo: las redes sociales, que no solo amplifican el mensaje, sino que adem\u00e1s lo hacen circular en cuesti\u00f3n de segundos. \u201cLas redes sociales est\u00e1n al alcance de todo el mundo y, por tanto, no solo supone que cualquiera (muchas veces amparado en el anonimato), pueda atentar contra el honor y la imagen de una persona, sino que conllevan una mayor y m\u00e1s r\u00e1pida difusi\u00f3n de dicho ataque\u201d, advierte Bravo. Bonacho, por su parte, recuerda que adem\u00e1s, esta informaci\u00f3n \u201cpermanece alojada en plataformas virtuales y se convierte en una verdadera tortura para la persona desprestigiada, habida cuenta de su almacenamiento sine die en la red\u201d. Este hecho provoca que \u201cla paralizaci\u00f3n a corto plazo del desprestigio sea compleja y toda una encrucijada\u201d, aunque \u201cello significar\u00e1 que, a mayor difusi\u00f3n, mayor da\u00f1o moral, que desembocar\u00e1 en un incremento de la indemnizaci\u00f3n que el sujeto afectado percibir\u00e1\u201d en caso de que exista causa para reclamarla, se\u00f1ala Bonacho.<\/p> LAS EMPRESAS TAMBI\u00c9N TIENEN DERECHO AL HONOR<\/strong><\/p> El desprestigio que se le causa a una persona cuando es implicada en una causa judicial sin tener realmente nada que ver con ella tambi\u00e9n afecta a las empresas que se ven envueltas en tramas de investigaci\u00f3n y que suponen un importante varapalo para sus intereses y su imagen como marca. En este sentido, tanto Bravo como Bonacho recuerdan que las personas jur\u00eddicas \u201ctambi\u00e9n son acreedoras del derecho al honor en la misma medida que lo son las personas f\u00edsicas\u201d, por lo que tambi\u00e9n pueden defender ante los Tribunales su reputaci\u00f3n, pero en los mismos t\u00e9rminos que las personas individuales, es decir, que el hecho de una empresa sea sometida a una investigaci\u00f3n por presunta implicaci\u00f3n en un caso delictivo no genera \u201cper se\u201d<\/em> un da\u00f1o a su reputaci\u00f3n reclamable. Si al finalizar el proceso se demuestra que la empresa es inocente \u201c\u00fanicamente significar\u00e1 que los que previamente a la emisi\u00f3n de tal veredicto hayan condenado medi\u00e1ticamente a la misma podr\u00e1n ser demandados por vulneraci\u00f3n del honor de la empresa\u201d.<\/p> LAS LISTAS DE MOROSOS, OTRO POSIBLE FOCO DE DESPRESTIGIO<\/strong><\/p> Finalmente, otro de los hechos que puede provocar un enorme desprestigio y por tanto un gran da\u00f1o a la propia imagen es la inclusi\u00f3n de nombres propios en listas de morosos que se hacen p\u00fablicas, aunque no siempre es as\u00ed. Seg\u00fan Ana Bravo, \u201cpara que estemos ante un ataque contra el derecho al honor es necesario que la deuda sea controvertida o sea discutida por el interesado\u201d. Mario Bonacho, por su parte, a\u00f1ade que si no se dan las circunstancias adecuadas, \u201cpor mucho que el impago sea ver\u00eddico, la cesi\u00f3n de datos al fichero ser\u00e1 il\u00edcita y provocar\u00e1 una intromisi\u00f3n en el honor del deudor\u201d. Ante este escenario, \u201cel deudor podr\u00eda entablar acciones legales, solicitando en estos casos una indemnizaci\u00f3n que en muchas ocasiones asciende hasta los 10.000 \u20ac\u201d, a\u00f1ade.<\/p> <\/p> Fuente y foto: www.abogacia.es<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"